Comunicado: El Sistema Penitenciario Mexicano y la crisis que ya estalló

 

Ciudad de México a 11 de febrero de 2016. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. lamenta profundamente los hechos de violencia ocurridos al interior del Centro de Reinserción Social "Topo Chico" en Nuevo León. Mandamos nuestras condolencias a las familias afectadas y exigimos a las autoridades, tanto estatales como federales, que garanticen el respeto pleno a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y a sus familias.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones que deberían tener los centros de reinserción social. En su Artículo 18 dice:

(...) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto (...)

Claramente, nada de esto ha sido aplicado en el Penal "Topo Chico" y la responsabilidad recae en las autoridades. Las personas que permanecen en ese centro de reinserción social, sentenciadas o en prisión preventiva, están en custodia del Estado. Al decir que los recientes hechos son consecuencia de un enfrentamiento entre grupos delictivos no explica del todo lo ocurrido y es lamentable, sobre todo en una entidad pionera en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El Sistema Penitenciario no es más una "bomba de tiempo" como retóricamente se le nombra en medios de comunicación. La bomba ya estalló. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha documentado las pésimas condiciones de vida de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, el sistema penitenciario obtuvo una calificación de 5.20 sobre 10, en particular al Centro Preventivo y de Reinserción Social "Topo Chico" se le asignó una calificación de 5.72. Se resaltó la falta de gobernabilidad y la ausencia de medios que garanticen la integridad física y moral de las personas privadas de libertad, ya que se identificó la inexistencia de separación entre hombres y mujeres al interior del centro, deficiencia en los servicios de salud, deficiencia en la prevención y atención de incidentes violentos, además de la insuficiencia del personal de seguridad y custodia, presencia de cobros por parte del personal de custodia y de los internos.

"Topo Chico" no es una excepción, sino que forma parte de una dinámica de violencia que se vive todos los días al interior de los centros penitenciarios de Nuevo León, en sólo dos años se han registrado 83 incidentes entre los que se encuentran hechos, tales como, homicidios, riñas, motines, fugas, decesos, intentos de homicidio y suicidios. Cabe señalar que estos hechos, efectivamente se dan dentro de una dinámica de violencia que permea todo el sistema penitenciario nacional.

Aún no se sabe si las víctimas mortales estaban sentenciadas o no. En ninguno de los dos casos es justo ni legal que fueran asesinadas, mientras el ejecutivo estatal decidía no intervenir. Insistimos: Las personas privadas de libertad están bajo custodia del Estado, no se trata de un asunto de moral individual sino de legalidad e institucionalidad. Esto se establece en el artículo 19 Constitucional:

(...) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. (...)

Se necesita un Mecanismo Nacional de Supervisión Penitenciara que este inmerso en una Ley General para prevenir la Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se requiere aprobar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ambas son hoy asignaturas pendientes que en el mercadeo legislativo por los derechos humanos ha dejado sin cobijo a las 247,488 personas privadas de libertad.

Atentamente:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.

 

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